La Unión Europea activa las obligaciones más estrictas de la Ley de IA el 2 de agosto

La fecha que llevan meses esperando los departamentos legales

El próximo 2 de agosto de 2026 entra en aplicación plena el Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Ley de IA o AI Act, la primera normativa integral del mundo diseñada específicamente para regular el uso de sistemas de inteligencia artificial. A partir de esa fecha, las obligaciones más exigentes de la norma pasarán a ser exigibles para los sistemas de IA de alto riesgo, aquellos que pueden afectar de forma significativa a derechos o decisiones sobre personas, como las herramientas de selección de personal, la evaluación crediticia, el diagnóstico médico asistido o la gestión de infraestructuras críticas.

Según explica Hispacolex, la norma no distingue únicamente entre quienes desarrollan estos sistemas y quienes los utilizan: cualquier empresa que emplee una herramienta de inteligencia artificial de alto riesgo en su actividad, aunque la haya adquirido a un tercero, asume la responsabilidad de cumplir con el reglamento. Las empresas de selección de personal y las plataformas de gestión de recursos humanos que actúan como intermediarias entre compañías, tecnología y trabajadores se enfrentan a obligaciones especialmente exigentes a partir de esta fecha.

España activa su propio marco de supervisión

El Gobierno español aprobó el pasado 26 de mayo el proyecto de Ley Orgánica para la gobernanza de la inteligencia artificial, que adapta el reglamento europeo al ordenamiento jurídico nacional y distribuye las competencias de supervisión entre distintos organismos. El más relevante para las empresas es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, con sede en A Coruña y operativa desde febrero de 2025, que a partir de agosto de 2026 tendrá plena capacidad para inspeccionar empresas, requerir documentación técnica, ordenar la retirada de sistemas no conformes y tramitar expedientes sancionadores.

Sanciones que superan al propio RGPD

El régimen sancionador del reglamento europeo se estructura en tres tramos según la gravedad de la infracción. El uso de sistemas de inteligencia artificial prohibidos puede acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el siete por ciento de la facturación global anual, la cifra que resulte mayor. Las infracciones relacionadas con sistemas de alto riesgo se sancionan con hasta 15 millones de euros o el tres por ciento de la facturación, mientras que el suministro de información engañosa a las autoridades puede costar hasta 7,5 millones de euros o el 1,5 por ciento de la facturación, según recoge el análisis de Informed Clearly.

No solo afecta a los gigantes tecnológicos

Uno de los aspectos que más está generando dudas entre las empresas es el alcance real de la norma. El reglamento tiene alcance extraterritorial: si los resultados de un sistema de inteligencia artificial se utilizan dentro de la Unión Europea o afectan a personas ubicadas en su territorio, la normativa se aplica con independencia de dónde tenga su sede la empresa que lo desarrolla o lo utiliza. Además, desde febrero de 2025 ya es exigible para todas las empresas que usen sistemas de IA la obligación de garantizar que su personal cuenta con un nivel suficiente de alfabetización sobre estas herramientas, un requisito que muchas organizaciones todavía no han incorporado a sus políticas internas pese a estar ya en vigor.

Con la fecha límite cada vez más cerca, los expertos en cumplimiento normativo insisten en que la adaptación al reglamento no debe abordarse como un proceso puramente tecnológico, sino como una capa adicional sobre las obligaciones que ya existen en materia de protección de datos y de derechos fundamentales, y recomiendan a las empresas clasificar cuanto antes el nivel de riesgo de cada sistema de inteligencia artificial que utilizan en su actividad diaria.