Pensilvania se convierte en el primer estado de EE. UU. en exigir aprobación local obligatoria para construir centros de datos de IA
La orden ejecutiva firmada por el gobernador Josh Shapiro convierte en ley vinculante los estándares GRID del estado y obliga a los promotores a financiar íntegramente la nueva infraestructura eléctrica y garantizar contratación local.
De directrices voluntarias a obligación legal vinculante
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó el 18 de agosto de 2026 la Orden Ejecutiva 2026-05, que convierte en ley legalmente vinculante los estándares GRID del estado para promotores de centros de datos, y sitúa a Pensilvania como el primer estado de Estados Unidos en exigir de forma explícita la aprobación local antes de autorizar la construcción de un nuevo centro de datos de inteligencia artificial. La medida responde a la creciente preocupación de comunidades y autoridades locales sobre el impacto que estas instalaciones —con su enorme demanda de electricidad y de agua para refrigeración— pueden tener sobre las infraestructuras y los recursos compartidos de las zonas donde se ubican.
La norma obliga a cualquier nuevo proyecto de centro de datos a suscribir una Orden de Consentimiento en la que el promotor se compromete formalmente a tres condiciones: financiar en su totalidad cualquier nueva infraestructura eléctrica que el proyecto requiera, aplicar medidas de conservación de agua verificables, y garantizar compromisos concretos de contratación de mano de obra local durante la construcción y la operación de la instalación.
Un modelo que otros estados observan con atención
La decisión de Pensilvania llega en un momento en que numerosos estados de Estados Unidos afrontan tensiones crecientes entre la fiebre de construcción de infraestructura de IA —impulsada por la demanda de cómputo de las grandes tecnológicas— y la capacidad real de sus redes eléctricas y sus recursos hídricos locales para absorber ese crecimiento sin afectar a los precios de la energía o al suministro de agua de los residentes. Al convertir estas exigencias en ley vinculante y no en meras recomendaciones, Pensilvania se posiciona como un caso de referencia que otros gobernadores y legislaturas estatales podrían replicar si la fórmula demuestra ser efectiva para equilibrar la atracción de inversión tecnológica con la protección de los intereses de las comunidades locales.
Un contrapeso estatal frente al impulso federal a la infraestructura de IA
La medida de Pensilvania se enmarca en un contexto más amplio de mosaico regulatorio estadounidense en el que, ante la ausencia de un estándar federal unificado sobre el desarrollo de infraestructura de IA, son los propios estados los que están definiendo de forma independiente las condiciones bajo las que se puede construir esta infraestructura en su territorio. Mientras el Gobierno federal ha impulsado en paralelo grandes proyectos de cómputo con financiación y garantías públicas para acelerar el liderazgo estadounidense en IA, la orden de Shapiro introduce un contrapeso claro: el crecimiento de la infraestructura de IA no puede producirse, en Pensilvania, a costa de las comunidades donde esa infraestructura se instala físicamente.
