Estados Unidos libra una guerra interna por la IA: la Casa Blanca busca anular las leyes de los estados
Una orden ejecutiva de diciembre crea un grupo de litigio para tumbar normas estatales, mientras entran en vigor la ley de fronteras de California y la de riesgo de Colorado.
Un choque entre Washington y los estados
Mientras Europa avanza con su Ley de IA, Estados Unidos vive una batalla regulatoria de signo opuesto: la que enfrenta al Gobierno federal con los estados. El 11 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada «Garantizar un marco de política nacional para la inteligencia artificial», que propone establecer un marco federal uniforme y preemptar las leyes estatales que la Administración considere incompatibles con esa política.
La orden encarga al fiscal general la creación de un grupo de trabajo de litigio para impugnar las normas estatales de IA por motivos como la regulación inconstitucional del comercio interestatal. También ordena al Departamento de Comercio identificar las leyes estatales «gravosas» que entren en conflicto con la política federal. El resultado es una notable incertidumbre jurídica sobre la aplicabilidad de una creciente maraña de normas estatales.
Los estados no se detienen
Pese a la presión federal, los estados han seguido legislando. El 1 de enero de 2026 entraron en vigor varias normas relevantes. La Ley de Transparencia en la IA de Frontera de California (SB 53) obliga a los desarrolladores de grandes modelos a publicar marcos de riesgo, notificar incidentes críticos de seguridad y proteger a los denunciantes, con multas de hasta un millón de dólares por infracción. La ley de chatbots de compañía del mismo estado (SB 243) exige revelar la naturaleza artificial del sistema e implantar protocolos contra el contenido de autolesión, con protecciones específicas para menores.
Colorado y el alto riesgo
El 30 de junio de 2026 entró en vigor la Ley de IA de Colorado, la primera norma estatal integral, que obliga a desarrolladores y desplegadores de sistemas de alto riesgo a actuar con diligencia razonable para proteger a los consumidores frente a la discriminación algorítmica. Sus evaluaciones de impacto, advierten los juristas, «tardan meses en prepararse», de ahí la importancia de anticiparse. A escala federal, el Congreso solo ha aprobado hasta ahora una ley específica de IA: la TAKE IT DOWN Act, que obliga a las plataformas a retirar en 48 horas las imágenes íntimas no consentidas, incluidos los deepfakes.
Qué implica para Europa
Para el observador español, el contraste es ilustrativo. Mientras la Unión Europea apuesta por un marco común y prescriptivo, Estados Unidos oscila entre la desregulación federal y un mosaico de iniciativas estatales en tensión con la Casa Blanca. Esta divergencia condiciona a las empresas que operan a ambos lados del Atlántico, que deben navegar simultáneamente la exigente normativa europea y la incertidumbre estadounidense. La recomendación de los expertos es idéntica en ambos casos: inventariar los sistemas de IA, clasificar su riesgo y prepararse para el marco más estricto aplicable.
