España ocupa el séptimo puesto mundial en IA según Stanford y aprueba la Ley Orgánica de buen uso de la IA con el Congreso como árbitro final

España en el tablero global de la IA: séptima potencia mundial

España ocupa el séptimo puesto mundial en el ranking de desarrollo de IA elaborado por la Universidad de Stanford, según los datos presentados en el DigitalES Summit 2026, celebrado esta semana en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, aprovechó el evento para asegurar que el país «va a acoger una gigafactoría de IA muy pronto», en referencia a la candidatura española a una de las cinco instalaciones de cómputo masivo de IA que financiará la Unión Europea. La convocatoria europea, retrasada respecto al calendario inicial, se lanzará en la primera quincena de julio, con selección de candidaturas prevista para diciembre.

La secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, resumió la posición del Gobierno: «La inteligencia artificial no es un lujo, sino una infraestructura crucial para la ciudadanía». Y añadió que la batalla actual no se libra en el acceso a internet —prácticamente universal en España— sino en la capacidad de adopción tecnológica y en la confianza ciudadana. «Para que la IA funcione como infraestructura social, la gente tiene que confiar en ella», indicó. España también destacó que el 30% del PIB español ya procede del sector digital, una cifra que convierte la regulación de la IA en una prioridad económica de primer orden.

La Ley Orgánica de IA: en tramitación parlamentaria con plazo hasta el 30 de junio

El Consejo de Ministros aprobó el 26 de mayo de 2026 el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. El proyecto —publicado como Serie A Núm. 97-1 del Boletín Oficial del Congreso de los Diputados— está en tramitación parlamentaria con un plazo para presentación de enmiendas que finaliza el 30 de junio de 2026. La ley establece el régimen sancionador español para el AI Act europeo (con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global), regula el uso de sistemas de identificación biométrica en espacios públicos y crea una base de datos nacional de sistemas de IA en infraestructuras críticas. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, recibirá plenas competencias sancionadoras el 2 de agosto de 2026, cuando entre en vigor el Artículo 50 del AI Act.

El debate político en el Congreso refleja la tensión identificada en el DES 2026 de Málaga, donde expertos como Ricardo Baeza-Yates del KTH Royal Institute of Technology (Suecia) advirtieron: «La ética en la IA no existe, existe en las personas». El experto alertó sobre los riesgos de un uso no supervisado de la IA: más desinformación, más sesgos, censura implícita y mayor brecha digital. La Ley Orgánica española intenta codificar en norma vinculante una respuesta a estos riesgos, con énfasis en la transparencia algorítmica y la supervisión humana de sistemas que afecten a derechos fundamentales.

Soberanía digital vs. dependencia: el dilema estratégico de España en 2026

El DES 2026 subrayó con fuerza el principal dilema estratégico para España y Europa: la dependencia de infraestructura y modelos de IA desarrollados fuera de la UE —principalmente en EE. UU.— expone a las empresas y administraciones europeas a riesgos de discontinuidad del servicio, cambios unilaterales en las políticas de uso y posible desalineación con el RGPD y el AI Act. La directora del Área Digital de Eurecat, Lali Soler, añadió una alerta adicional que trasciende lo geopolítico: la pérdida del pensamiento crítico. «Dependemos de las respuestas de estos modelos. Esto puede ser peligroso si no lo compensamos siendo conscientes de esta situación», advirtió. Para España, la respuesta estructural pasa por la gigafactoría de IA, el Barcelona Supercomputing Center y el apoyo a startups nacionales como Multiverse Computing o las chips fotónicas de Attypics de Valencia.